Un suave golpe de estado en Brasil

A menos que la situación dé un vuelco inesperado, el destino de Dilma Rousseff parece sellado. Efectivamente, el mandato de la presidenta de la República Federativa del Brasil ha sido cuestionado por un proceso de destitución iniciado en diciembre pasado. El 11 de mayo el Senado, mayoritariamente de oposición, seguramente validará, con la mayoría simple, el impeachment que ya fue aprobado por los diputados con la mayoría cualificada de dos tercios el 17 de abril pasado. ¿Cómo es que la dirigente de izquierda acabó en esta situación? Rousseff no cesa de insistir que es el blanco de un "golpe de estado con apariencia de proceso legal" dirigido por la derecha. Su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, "Lula", presidente de 2003 a 2011, reitera lo mismo cuando afirma delante de sus partisanos en São Paulo: "¡No aceptaremos que haya un golpe de estado en Brasil!". Aunque los opositores al gobierno y los medios de comunicación dominantes se mofan de esta retórica del golpe de estado, que juzgan excesiva, la situación merece ser examinada con mayor seriedad. En Brasil, como en el extranjero, voces de desacuerdo intentan demostrar que Dilma Rousseff y su partido en verdad son víctimas de una maniobra política al límite de la legalidad, lo que sería una señal peligrosa para la democracia del país más grande de Latinoamérica.

Es necesario recordar quién quiere destituir a la presidenta de Brasil. Se trata de Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputados, quien inició en diciembre de 2015 el proceso de destitución junto con otros diputados y siguiendo los consejos de juristas. ¿Cuáles son sus razones? Un supuesto "crimen de responsabilidad ", uno de los motivos de destitución previstos en la Constitución, que la presidenta habría cometido al haber recurrido a un "pedaleo presupuestal", es decir que contabilizó préstamos a los bancos públicos con un año de retraso, en el 2014, en vísperas de su reelección, y en el 2015.

Una práctica a la que recurrieron varios presidentes antes que Dilma Rousseff, como no deja de recordarlo la principal interesada, aunque lo hicieron a menor escala. Y es que los presidentes anteriores nunca se vieron confrontados a una recesión como la que afecta al país en la actualidad. Que la acusación de crimen de responsabilidad sea fundada o no, lo cierto es que la presidenta no es acusada de haber abusado de su cargo para su enriquecimiento personal. Al contrario de Eduardo Cunha, quien fue declarado culpable de corrupción en el caso del escándalo Petrobras. Este caso, revelado en el 2014, sacó a la luz la existencia de un vasto sistema de corrupción que pasaba por el gigante del petróleo público Petrobras, que otorgaba retribuciones excesivas a empresas de construcción a cambio de sobornos para políticos. Se cree que unos cincuenta personajes políticos y miles de millones de dólares estarían implicados en este caso.

Los personajes acusados pertenecen a diversos partidos políticos, del Partido de los trabajadores (PT), el de la presidenta Rousseff, al Partido del movimiento democrático brasileño (PMDB), el movimiento de derecha del que son miembros Eduardo Cunha y Michel Temer, vicepresidente del gobierno, quien también fue citado en el sonado escándalo de corrupción. Ahora bien, Temer, que pidió a los miembros de su partido que renunciaran del gobierno anticipando una probable destitución de la presidenta, es precisamente quien tomaría automáticamente el lugar de la dirigente derrocada durante un periodo de seis meses. Así pues, durante ciento ochenta días el poder estaría en manos de un dirigente cuya tasa de popularidad es mucho más baja que la de la presidenta, la cual ya es históricamente baja. Sin embargo, según encuestas recientes, el PT permanece a la cabeza de las intenciones de voto: en caso de nuevas elecciones legislativas, el partido de Lula, quien anunció su intención de presentarse a la sucesión de Rousseff, llegaría en primer lugar con un 31% de los votos.

Los dirigentes del PMDB no pueden utilizar la inculpación de ciertos miembros del PT en el escándalo Petrobras para destituir a la presidenta pues ellos mismos también están implicados, según Ricardo Peñafiel, investigador en el Grupo de investigación sobre los imaginarios políticos en América Latina (GRIPAL) en la UQAM de Quebec. "Así que se concentran en esta historia de maquillaje del déficit fiscal", afirma Peñafiel. El objetivo de esta maniobra es echar a la izquierda del poder, que ocupa desde hace trece años, lo cual es demasiado tiempo para la derecha, impaciente por deshacer las políticas sociales y los avances progresistas. "Dilma Rousseff se enfrenta a un ajuste de cuentas político", señala Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio político de América Latina y el Caribe (Opalc) de Sciences Po París. Y recuerda que en el 2003, Lula también había sido el blanco de un proceso de destitución iniciado por la derecha. Sin embargo, en esa época el presidente disfrutaba de un contexto económico favorable y de una gran popularidad entre las clases populares conquistadas gracias a sus políticas sociales, lo que le había permitido resistir. No es la situación que conoce Dilma Rousseff hoy en día.

El término "golpe de estado" tiene una fuerte connotación en Francia, por lo que hay cierta reticencia a utilizarlo para calificar la situación política en Brasil, como lo señala Vanessa Oliveira, periodista brasileña actualmente en doctorado de ciencias de la información y de la comunicación en la Universidad París VIII y miembro del Movimiento democrático del 18 de marzo (MD18). En efecto, hace referencia a los golpes de estado militares que ocurrieron en los países de América Latina, entre ellos Brasil, en los décadas de 1960 y 1970, la mayoría con el apoyo de la CIA. Sin embrago, según Vanessa Oliveira, los procesos legales o institucionales son suficientes hoy en día para derrocar a un gobierno elegido democráticamente, y esto por razones puramente políticas.

El golpe de estado realizado en el 2009 en Honduras, en el que el ejército fue apoyado por la Suprema Corte y el Congreso, es un ejemplo de ello. En ese entonces, el presidente Manuel Zelaya, en un principio liberal, había puesto en su contra a la oligarquía y a la burguesía hondureñas al iniciar un acercamiento con el gobierno socialista del presidente venezolano Hugo Chávez. Ahora bien, la ofensiva en contra de la presidenta brasileña de izquierda parece haber recibido también el apoyo incondicional del mundo de los negocios y de las clases altas.

La maniobra política de la derecha es apoyada por miles de personas que han salido a las calles, su número es superior al de aquellas que desfilaron en favor de la presidenta. Laurent Delcourt, investigador en el Centro tricontinental (Cetri), publicó en Le Monde diplomatique del mes de mayo un artículo titulado Primavera engañosa en Brasil, en el cual analiza la sociología de los manifestantes. Estos son en su mayoría blancos -en un país multiétnico, donde las etnias no blancas son las primeras que sufren de pobreza-, titulares de un diploma de estudios superiores y pertenecen a las clases más adineradas de la población, "en pocas palabras, son la élite de la sociedad brasileña". Como lo comunicó el periódico Zero Hora, a pesar de ser un diario liberal-conservador, el 40 % de entre ellos gana diez veces el salario mínimo y el 76 % votó por el candidato de derecha Aécio Neves en la elección presidencial del 2014.

Los lemas que se pueden escuchar en estas manifestaciones nos dan pistas suplementarias sobre la clase social de la que procede la gente que salió a la calle para derrocar a la presidenta: protestas contra el nivel de impuestos, las políticas de redistribución, los servicios públicos, en particular la educación y el transporte… todas las políticas establecidas por la izquierda son atacadas. Para Laurent Delcourt, este movimiento de protesta "evoca más que nada las "marchas de la familia con Dios y por la libertad" que habían precedido el golpe de estado de 1964, y no un despertar ciudadano y democrático. En ese entonces, esas marchas se oponían a las reformas progresistas del presidente João Goulart, acusado de conspiración comunista. Hoy, el objetivo detrás del combate contra la corrupción es derrotar al PT y enterrar los (pocos) logros del "lulaísmo" ".

Los principales medios brasileños conducen una campaña explícita en contra de Lula y el Partido de los trabajadores, e incluso han llamado a manifestar contra el gobierno, como lo atestigua Luís Carlos, un periodista que antes trabajaba en el diario nacional O Globo. Focalizan sus investigaciones en la corrupción de los dirigentes del PT y minimizan la implicación de los partidos de derecha. Así pues, los medios han transformado el proceso de destitución en una ofensiva auténticamente democrática contra la corrupción, callando la identidad de los iniciadores del proceso y sus intenciones. Esta visión partidista y parcial de la realidad es retomada en masa por los medios extranjeros. Tal tratamiento de la información no es nada sorprendente cuando se sabe que el 70 % de los medios brasileños pertenecen a seis familias ricas, todas cercanas de los partidos de derecha. Pero el sistema mediático no es el único que presenta problemas en Brasil. El país es prisionero de un conjunto de sistemas que se han agotado y le impiden salir adelante.

Antes de que el proceso de destitución de Dilma Rousseff se impusiera en el centro de la escena política, los brasileños ya salían a la calle desde hacía varios años. Su sociología era mucho más diversa y mostraban sus motivos de indignación claramente: no sólo la corrupción generalizada revelada por el escándalo Petrobras, sino también las políticas de austeridad aplicadas por Rousseff desde su reelección en el 2014, en reacción a la recesión profunda que afecta a Brasil. Estas políticas causaron, entre otras cosas, la falta de inversión en los servicios públicos.

Martine Droulers, directora de investigación emérita en el CNRS y especialista de Brasil, subraya el impacto que tuvieron las políticas de redistribución del PT, que sacaron a decenas de millones de brasileños de la pobreza, sobre el clima social cada vez más tenso: "Hay divisiones dentro de la amplia clase media de Brasil, entre los más necesitados y aquellos, cada vez más numerosos, que tienen mayor acceso a los bienes de consumo. La demanda de servicios públicos se vuelve más urgente. En particular, los brasileños no están satisfechos con el transporte público". La investigadora estima que el crecimiento económico del país empezó a declinar en los años 2012-2013 por las malas decisiones gubernamentales en materia de política energética, que favoreció una explotación costosa del petróleo, cuyas cotizaciones se han ido derrumbando desde entonces. Dilma Rousseff sería un "chivo expiatorio" político en un contexto económico extremadamente difícil. Sin embargo, la presidenta "forma parte de los responsables políticos brasileños menos corruptos" y se ha mostrado mucho más intransigente ante la corrupción, pues ha dado más medios a la policía y a la justicia que sus predecesores de derecha.

En efecto, la corrupción está inscrita en los genes del sistema político brasileño: según la ONG Transparency International, cerca del 60 % de los miembros de la clase política han sido juzgados principalmente por corrupción. Asimismo, de los sesenta y cinco miembros de la comisión parlamentaria encargados de supervisar el proceso de destitución, treinta y cinco son o han sido demandados por actos de corrupción. Esta situación nos indica que la crisis política que atraviesa el país tiene sus raíces en el sistema político en sí.

Los brasileños parecen sentir por sí mismos la necesidad de una regeneración democrática. Según un sondaje brasileño, Ibope, publicado la semana pasada, el 62 % de los brasileños piensan que la crisis política se resolvería con la renuncia de Dilma Rousseff y Michel Temer, y la organización de elecciones legislativas anticipadas, una opción que la presidenta ya evocó a unos días de su probable destitución. El investigador Ricardo Peñafiel va más allá: "Dilma Rousseff podría reorganizar elecciones y proponer una nueva constitución, haciendo valer que es lo necesario para resolver una crisis engendrada por un problema institucional generalizado. Las elecciones y una constitución nueva calmarían a la calle. Un proceso constitucional permitiría que todos los actores debatan - y no únicamente los representantes políticos, que no solo son corruptos sino que ya no tienen legitimidad alguna". Peñafiel señala que éste también fue el reto de países como Colombia, Ecuador y Bolivia, quienes "encontraron mecanismos que permitieron la participación popular hasta en los órganos de decisión. Incluso se puso de un lado a los parlamentarios para que hubiera una representación del pueblo". Si los días de Dilma Rousseff no estuvieran contados, tal solución sería políticamente inteligente y salvadora a la vez para la democracia brasileña, cada día más amenazada.